Políticas públicas para el campo digital

Anonimato y suplantación de identidad en la mira punitiva

En 2010, la Diputada Natalia Gambaro presentó un proyecto de tipificación penal de la suplantación de identidad digital. Tras caer el trámite parlamentario de ese proyecto, la legisladora volvió a presentar una versión idéntica del mismo, sin siquiera actualizar los fundamentos.

El proyecto dice sintéticamente:

Robo de Identidad DIGITAL. Incorporación del ART. 139 TER del Código Penal.
Artículo 1: Incorpórese el art. 139 ter. del Código penal que quedará redactado de la siguiente manera:
“Será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años el que adoptare, creare, apropiare o utilizare, a través de Internet, cualquier sistema informático, o medio de comunicación, la identidad de una persona física o jurídica que no le pertenezca.
La pena será de 2 a 6 años de prisión cuando el autor asumiera la identidad de un menor de edad o tuviese contacto con una persona menor de dieciséis años, aunque mediare su consentimiento o sea funcionario público en ejercicio de sus funciones.”
Artículo 2: de forma.

Entre los fundamentos dice que

En la Argentina no está considerado un delito hacerse pasar por otra persona en un blog, en una red social ni en cualquier otro medio electrónico. Si bien existen figuras como el fraude o la falsificación de documentos, la figura del robo de identidad a través de un medio tecnológico no está tipificada.

y agrega

En Argentina, si bien no existen datos oficiales, los casos de robo de identidad vienen incrementándose en los últimos 5 años. Este aumento en los incidentes tiene una relación directa con la masificación en el uso de las nuevas tecnologías.

Sorprende (o no, ya no sorprende tanto) leer afirmaciones como esta en un proyecto de ley que pretende modificar el código penal y crear una figura que puede poner en riesgo la libertad de una persona. Cómo es posible que legislemos sin usar referencias ni citas, ni fuentes verificables de las afirmaciones que supuestamente sustentan la necesidad de un cambio en la ley. (la misma afirmación estaba presente en el proyecto del 2010 y en el del 2012. Los cinco años no han variado, siempre son los últimos cinco años).

La legisladora argumenta que se trata de una actividad preparatoria para otros delitos que ya están tipificados, como la estafa o el abuso de menores. Ahora bien, muchas cosas pueden ser actividad preparatoria para delitos sin serlo en si mismas, salir a la calle, comprar un auto, esperar a una persona en un bar, tantas otras cosas pueden ser previas a un delito. ¿Por qué poner la mira específicamente en Internet?

Hablando seriamente, nuestra legislación penal ya incluye figuras para combatir hechos delictivos como la adulteración de documentos públicos, la falsificación de firmas o la creación de documentos falsos. También existe figura penal para la estafa y el fraude, así como para el abuso de menores, principales preocupaciones que parecen movilizar este proyecto.

Este proyecto aparece como una herramienta preventiva de ese tipo de conductas, y ahí radica su peligrosidad mayor: el uso abusivo del código penal. El código penal es una herramienta que hay que usar con sumo cuidado y de la manera más estricta y restringida posible, teniendo siempre en cuenta el principio de proporcionalidad. Este tipo de proyectos (hay otros similares para suplantación de identidad, grooming, etc) ponen el eje en un peligro abstracto, en conductas supuestamente preparatorias para otro delito, y por lo tanto son cuestionables desde el punto de vista constitucional.

En tanto no haya un peligro concreto, real, comprobable, una conducta no debería ser incluida en la tipificación penal.

Tipificar la suplantación de identidad digital como delito es además, una amenaza a la libertad de expresión, ya que existen innumerables fakes en redes sociales, personajes creados con fines de parodia que quedarían expuestos a la acción penal por parte de aquellas personas que se pudieran sentir molestas o afectadas. Estaríamos creando una vez más, un tipo penal de expresión. Si, si aprueban esto, el querido @HeMagnetto puede desaparecer (o ir preso).

Otros casos
Existe en Costa Rica un antecedente de este tipo de iniciativas que ya ha tomado fuerza de ley. En la última modificación de la ley de delitos informáticos en ese país incorporaron la penalización de la figura del fake en redes sociales, tal como reporta Andrés Guadamuz en su blog.

Dice esa ley que:

Artículo 230.- Suplantación de identidad
Será sancionado con pena de prisión de tres a seis años quiensuplante la identidad de una persona en cualquier red social, sitio deInternet, medio electrónico o tecnológico de información. La misma penase le impondrá a quien, utilizando una identidad falsa o inexistente, causeperjuicio a un tercero.La pena será de cuatro a ocho años de prisión si con las conductasanteriores se causa un perjuicio a una persona menor de edad o incapaz

Queda claro que la tendencia punitiva está abierta y será necesario reaccionar a tiempo ante este tipo de propuestas.

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